Contra las reválidas

Hoy he firmado este escrito en mi centro. Inmensa tristeza al escuchar la inquietud de colegas ante posibles represalias. Claustros amordazados y conciencias externalizadas. Desazón infinita.

Mediante la presente, mostramos nuestra disconformidad y objeción a las pruebas externas de 4º ESO celebradas los días 24 y 25 de abril por las siguientes razones:

1. Incumplen el pretendido objetivo del Real Decreto que las regula: "La evaluación de Educación Secundaria Obligatoria [...] tendrá finalidad diagnóstica y carácter muestral; su finalidad será por tanto la evaluación del sistema educativo en su conjunto con vistas a la mejora de su calidad y equidad."

2. Algunos de los mayores obstáculos que se oponen a la mejora del sistema educativo, a su calidad y equidad, son consecuencia directa de la aplicación del Real Decreto de Racionalización del gasto educativo de abril de 2012: masificación de las aulas, sobrecarga lectiva del profesorado, desmantelamiento de los equipos de Orientación. La desatención al alumnado con mayores necesidades de compensación educativa es especialmente sangrante: un centro de 1000 estudiantes como el nuestro cuenta con una sola orientadora y media PTSC. En tanto no se revierta la política de recortes cualquier prueba diagnóstica al alumnado no será sino una formidable maniobra de distracción.

3. Las evaluaciones externas del curso anterior no se han traducido en un Plan de Mejora en el que también la Administración educativa se sienta comprometida.

4. El diseño de las pruebas carece del más mínimo rigor pedagógico. ¿Quién decide -y en virtud de qué criterio- cuáles de los centenares de estándares de aprendizaje de la LOMCE deben tener presencia en las pruebas externas? Por otra parte, mal se puede traducir un examen de contenidos en un informe competencial: "Las administraciones educativas elaborarán un informe en el que se reflejarán los resultados obtenidos, expresándolos en seis niveles de desarrollo competencial, que se nombrarán del nivel 1 al 6."(BOE)-. Y es que las pruebas externas de la Comunidad de Madrid casan mal con lo que la propia legislación establece (Orden ECD/2015, de 21 de enero, por la que se decriben las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación).

5. Se desprecia a los claustros confiando a unas empresas externas elegidas en función de criterios económicos -"la más barata" (sic)- un diagnóstico sobre el que cada comunidad educativa podría arrojar mucha luz caso de ser consultada.

6. A pesar de que la normativa estatal las ha desposeído del efecto académico que inicialmente tuvieron, la Comunidad de Madrid hará constar los resultados en los documentos oficiales de evaluación (historial y expediente académico), lo que no hace sino sembrar dudas sobre su eventual utilización ulterior coaccionando al alumnado a presentarse.

7. Suponen un despilfarro descomunal y estéril del que solo se benefician las empresas adjudicatarias.

    

8. Dejan en manos de empresas privadas el tratamiento de los datos de carácter personal de los estudiantes y sus familias, con los evidentes riesgos e inciertas consecuencias que ello acarrea.
   
   
   
   
9. Se obliga a los centros a costear los instrumentos y materiales para la aplicación de las pruebas, sin que la Consejería haya transferido los fondos requeridos. 
   
   
    
10. Se obliga a parte del profesorado a asumir tareas y horarios por encima de los establecidos sin contraprestación alguna y sin la obligatoria negociación colectiva.